Las expectativas del Gobierno no convencen a asociaciones de consumidores.

A mediados del próximo año está previsto que entre en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria diseñada por el Gobierno. En una coyuntura de crecimiento progresivo en los índices que marcan el precio de los créditos bancarios para la compra de viviendas, el Ejecutivo dispone un marco legislativo encaminado a beneficiar a los consumidores. Pero asociaciones de consumidores discrepan radicalmente del “humo” que, según afirman, está “vendiendo el Gobierno”.


La reforma de la Ley Hipotecaria busca facilitar la elección y el cambio de hipoteca a los ciudadanos. Una de sus novedades será la obligación para las entidades financieras de ofrecer de forma gratuita distintas simulaciones de las cuotas a las que se enfrentarían sus clientes a lo largo de toda la vida del crédito antes de firmar cualquier contrato.
A juicio del Ministerio de Economía, ello reforzará la transparencia del mercado, la capacidad de elección y, en consecuencia, la competencia en el sector. Otra medida destacada será la introducción en la legislación de la denominada hipoteca inversa, cuya renta podrá ser cobrada de una sola vez y sin dar explicaciones sobre el destino del dinero.
A diferencia de lo que sucede en la actualidad, que en ocasiones muchas personas contratan un crédito con demasiada premura por evitarse gastos y complicaciones a la hora de comparar ofertas, la nueva ley facilitará que los clientes cuenten con toda la información posible antes de firmar una hipoteca. Se presentarán varias hipótesis (en función de distintos escenarios de tipos de interés) que ayudarán a calcular la capacidad de pago futura.
Esta, y otras nuevas exigencias en materia de transparencia e información, estarán incluidas en una orden ministerial que debe preparar el ministro de Economía, Pedro Solbes, y que será debatida con los agentes del mercado. Se trata de ofrecer una información personalizada.

Rechazo
Hasta ahí los propósitos y expectativas levantadas por el Gobierno. Sin embargo, a las asociaciones de consumidores no les convence el proyecto de nueva Ley Hipotecaria. Así, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) la ha calificado de "humo" y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) dice que no protegerá a los usuarios.
Según CEACCU, lo anunciado hasta el momento "no aborda los principales problemas del consumidor", como la protección ante una futura situación de sobreendeudamiento o la posible responsabilidad de las entidades financieras por la concesión de préstamos por encima de las posibilidades reales del cliente.
De acuerdo con esta misma argumentación, FACUA señala que el problema de la reforma es que no introducirá ningún mecanismo específico que proteja a los titulares de préstamos en caso de no poder hacer frente a los pagos en situaciones críticas de falta de liquidez.
CEACCU entiende asimismo que las medidas anunciadas están "impulsadas por las propias entidades", ya que la supresión de la comisión de cancelación es "ya una práctica frecuente", siempre que el usuario así lo haya negociado en el momento de la contratación de su préstamo, por lo que el efecto real de la reducción anunciada "será inapreciable" para el consumidor.
Es por ello que esta organización exige al Gobierno que aborde "de manera real" el problema del sobreendeudamiento, de forma que se prevea que los clientes puedan señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, siempre que sea con carácter excepcional y por causas justas como desgracias familiares, desempleo o accidentes de trabajo.
FACUA, por su parte, demanda la introducción en la reforma un capítulo completo dedicado a las cláusulas "ilegales" que se aplican en muchos contratos bancarios, como la obligación de contratar servicios que ofrece la entidad.

Mitad de comisión
La reforma de la Ley Hipotecaria entrará en vigor sin carácter retroactivo. Entrelas novedades más importantes de la nueva normativa, destacan la reducción de la comisión máxima por cancelación anticipada de hipoteca y la rebaja de los costes notariales.

Economía reveló a finales de octubre que la reforma reducirá del 1% al 0,5% la comisión máxima por cancelación anticipada de hipoteca en las firmadas a tipos de interés variable. En las suscritas a tipo fijo, este porcentaje sólo podrá aumentarse en el caso de que los tipos de interés estén por encima del tipo al que se contrató la hipoteca en el momento de la cancelación del préstamo.
La reforma contempla además una rebaja de los costes notariales y registrales en las cancelaciones, novaciones y subrogaciones. Las bonificaciones se elevarán al 90% en todos los casos (el tomador del préstamo sólo pagará el 10%), frente al 75% actual.
En el caso de los aranceles notariales, los documentos de cuantía que existen en las escrituras y que tienen un coste determinado por un porcentaje de cada 1.000 euros, se sustituirán por "documentos sin cuantía", con un mínimo de 90 euros, lo que, según el ministerio, supondrá una rebaja de los costes notariales para los titulares de hipotecas.
En cuanto a la regulación de la denominada "hipoteca inversa", ésta sólo podrá ser suscrita por personas mayores de 65 años o dependientes.