El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la fiscal jefe de Catalunya, Teresa Compte, firmaron esta semana un convenio para luchar conjuntamente contra el acoso inmobiliario en la capital catalana. Desde ahora, el fiscal Fernando Rodríguez Rey coordinará la investigación de posibles casos de 'mobbing' cuando la mediación no sea suficiente para solucionarlos..

De esta forma, Rodríguez Rey --ex fiscal anticorrupción-- será el primer fiscal en toda España que coordina los casos de 'mobbing' inmobiliario y Compte espera que otros ayuntamientos "den el paso" y pidan colaborar con la Fiscalía, extendiendo así este plan piloto al resto de Catalunya.

No es la primera vez que el Ministerio Público catalán es pionero en la creación de la figura de un fiscal coordinador de un área específica, como los delitos económicos, medioambientales o, el más reciente, homófobos. Para Compte, "la especialización da una mayor eficacia" y se "evita la dispersión de trámites" dentro de la misma Fiscalía.

Hereu explicó que, gracias al convenio, la Fiscalía y el consistorio barcelonés, "instituciones con funciones distintas pero con un objetivo común", ofrecerán a los ciudadanos que sean víctimas de acoso inmobiliario un "circuito sencillo pero contundente y eficaz" para solucionar su situación.

La Oficina de Vivienda de cada uno de los diez distritos barceloneses --de las que ocho ya están en funcionamiento y las otras dos lo estarán a principios de 2009-- recabará información sobre los supuestos casos de 'mobbing' y el Ayuntamiento ejercerá su función de mediador para solventarlos.

Pero cuando sea imposible encontrar una solución que satisfaga a inquilinos y propietarios, se remitirán los expedientes a la Fiscalía, que llevará el caso por la vía penal, que castiga con condenas de hasta tres años de prisión los delitos de coacciones o de atentado contra la integridad moral.

Por el momento, el Código Penal no contempla el delito específico de acoso inmobiliario, pero Rodríguez Rey explicó que en 2006 se intentó introducir el supuesto de atentado contra la integridad moral en el marco de las relaciones contractuales, como sería el caso del 'mobbing', aunque la propuesta no prosperó.