El Ministerio de Vivienda tiene la intención de estudiar una ampliación de las ayudas al alquiler, actualmente concentradas en la Renta Básica de Emancipación, a otros colectivos, en particular a separados y divorciados.

En el Ministerio se considera que el alquiler es una salida no sólo para los jóvenes que buscan emanciparse, sino también una solución, posiblemente transitoria, para afrontar una separación matrimonial, en el que uno de los dos cónyuges debe abandonar la vivienda común y por lo general no dispone de recursos para adquirir otra en propiedad.

Junto a esta medida, el departamento que dirige Beatriz Corredor es proclive a la búsqueda de soluciones para dar salida al «stock» de viviendas que los promotores no consiguen vender, aunque en el Ministerio subrayan que no hay una idea concreta de cómo hacerlo, en referencia a la propuesta de los promotores de crear un nuevo escalón en las viviendas de protección oficial en el que puedan calificarse viviendas inicialmente destinadas al mercado libre.

No obstante, en el Ministerio se considera que no habrá una postura a este respecto hasta que terminen las conversaciones que la ministra mantendrá con todos los agentes involucrados en el mercado de vivienda y la conferencia sectorial que se convocará próximamente.