La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha exigido penas más duras contra la corrupción urbanística, a través de un plan nacional para evitar el fraude.

Sáenz de Santamaría eligió Estepona, uno de los últimos municipios salpicados por un caso de este tipo, para presentar la proposición no de ley por la que pedirán la modificación del Código Penal para que se endurezcan las penas contra estos delitos.

Sin variar de escenario, cabe decir que la jueza instructora del “Caso Astapa” contra la corrupción urbanística municipal, Isabel Conejo, ha citado a declarar para este Jueves y para el próximo Lunes día 21 a 15 personas, entre ellas el concejal de Urbanismo de la localidad, Rafael Duarte. Todos los citados por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ya habían prestado declaración ante los investigadores de la Policía Nacional. La jueza le ha imputado igualmente tres delitos al alcalde accidental de la población.

A este respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha comentado que aún no está decidido qué candidato propondrá el PSOE para alcalde de la población malagueña.

En este mismo sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de la población toledana de Illescas contra el ex alcalde socialista del pueblo manchego de Seseña, José Luis Martín Jiménez, por el proyecto de macrourbanización de “El Quiñón”, promovido por el constructor Francisco Hernando “El Pocero”.

Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de grandes cantidades. La Fiscalía ha acusado de prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública al ex alcalde, que aprobó pese a los informes desfavorables un plan urbanístico (PAU) que preveía la construcción de 13.508 viviendas. Con la aprobación del PAU del “Pocero”, Martín consiguió ingresos injustificados.

Por su parte, el polémico constructor ha comunicado que va a presentar una querella criminal contra el propio alcalde de Seseña por denuncia falsa, el mismo paso que seguirán tres ex concejales del PSOE y la ex portavoz municipal del Partido Popular.

“El Pocero” reclama a Seseña 46 millones por hacerle perder dinero, y acusa al alcalde de haber abortado la venta de 5.000 viviendas.